Las resoluciones que cuestionó la Defensoría son las 78 y 79/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, que ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, las que según el organismo no brindan una información adecuada y veraz de los alcances de los aumentos, ni refiere qué costos han incrementado de tal forma la tarifa.

El nuevo cuadro tarifario indicaba que en el caso de la ruta 2 los peajes de Maipú, Samborombón y La Huella pasarán de 45 pesos a 75; en tanto que las cabinas de Madariaga y Mar Chiquita, sobre la ruta 11, se incrementarán a 35 pesos.

Respecto de la Autopista Buenos Aires-La Plata, pasará de 30 a 40 pesos en hora no pico, y de 40 a 50 pesos en horario pico.

En el fallo, el magistrado consideró que ante la decisión de aumentar las tarifas «es necesario informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados».

Para ello, entendió que «la normativa consumeril sí exige el cumplimiento del deber de información, resultando dicho procedimiento -la audiencia pública- el más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de todos los sujetos involucrados».

«Aún cuando la apreciación acerca de si la forma que debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados», graficó.

En su fallo, el juez hizo mención también a que el aumento «choca contra otros inconvenientes que sufren a diario quienes recorren estos trazados, como el colapso en las rutas en fechas determinadas «“como por ejemplo el pasado fin de semana largo de carnaval- o la postergación que se mantiene hasta el día de la fecha de la rehabilitación de la línea del tren Roca que llega a La Plata y que repercute directamente en la Autopista La Plata – Buenos Aires».

Para el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, la medida judicial «es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los consumidores».

«El fallo reconoce los múltiples inconvenientes que sufren a diario los usuarios de las principales rutas de la Provincia, y la necesidad de que se avance en una decisión que abarque las posturas de todos los involucrados», señaló.

En la misma sintonía se pronunció el presidente de la Comisión de Transporte del Senado bonaerense, Alejandro Urdampilleta quien consideró que el fallo «protege a los usuarios de los atropellos del Estado».

«Habíamos advertido que el aumento de los peajes era ilógico y arbitrario y que las resoluciones del Ministerio de Infraestructura no tenían ningún tipo de argumento que justificara el incremento», aseguró el legislador de la primera sección electoral.