El Coordinador de Gabinete de Passalacqua, está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, por los manejos en la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios, que el funcionario presidió hasta su arribo al gobierno provincial. Este organismo maneja fondos millonarios y se analiza un posible desvío de recursos públicos.

La política misionera volvió a quedar bajo una nube de sospechas. Una investigación impulsada por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado puso en el centro de la escena a la ex conducción de la CODEIM (Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios), el organismo que nuclea a municipios de la provincia y que durante años administró millonarios fondos públicos destinados a programas, subsidios y actividades institucionales.

El actual ministro Coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, y el intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino, aparecen entre los principales señalados dentro de una causa que investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas a rendiciones de cuentas, utilización de documentación apócrifa y posible desvío de recursos públicos.

Según fuentes vinculadas al Tribunal de Cuentas, los organismos de control detectaron inconsistencias contables, facturas presuntamente apócrifas y gastos cuya justificación estaría bajo sospecha. La investigación ya derivó en un juicio de ejecución impulsado por el organismo presidido por Fabiola Bianco, mientras que la Fiscalía de Estado, encabezada por Fidel Duarte, avanza en acciones destinadas a determinar responsabilidades patrimoniales.

La gravedad del caso no radica únicamente en las posibles irregularidades administrativas. La causa podría escalar hacia delitos mucho más severos, como administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, falsificación documental e incluso asociación ilícita, si se comprobara la existencia de un mecanismo sistemático para justificar erogaciones inexistentes, mediante documentación adulterada.

La CODEIM manejó durante años fondos provenientes tanto del Estado provincial como de aportes municipales. Por eso, la investigación amenaza con extenderse a otros integrantes de la comisión directiva que habrían participado de la aprobación de balances, autorizaciones de pagos y rendiciones actualmente cuestionadas.

En distintos despachos políticos ya reconocen que varios intendentes podrían terminar respondiendo ante el Tribunal de Cuentas e incluso comprometer su patrimonio personal.

El impacto político es fuerte porque Sartori no es un ex funcionario alejado del poder: hoy ocupa uno de los cargos más sensibles dentro del gabinete del gobernador Hugo Passalacqua. Y ahí aparece otra discusión inevitable: cómo se controlaban los millonarios recursos que circulaban por entidades intermunicipales y quién auditaba realmente esos movimientos.

Por ahora, ninguno de los dirigentes mencionados salió públicamente a responder las acusaciones. Pero puertas adentro, el tema ya genera incomodidad. Porque en una provincia donde el discurso oficial suele apoyarse en la transparencia y la administración ordenada, una causa por presuntas facturas falsas y desmanejo de fondos públicos golpea directo sobre el corazón político del poder misionero.