Este jueves 26 de abril, fuerzas policiales irrumpieron en el barrio Quiroga de la localidad de Garupá, para desalojar a un grupo de 20 familias humildes que se encuentran asentadas precariamente en una de las manzanas del barrio, en el marco de una problemática habitacional extrema. Acudió al lugar el diputado provincial y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita, Martín Sereno, junto a otros militantes, quienes al intentar junto a los vecinos evitar que avanzaran sobre las precarias casillas, fueron agredido por el personal policial. Finalmente, el desalojo se suspendió provisoriamente.
Alertados acerca de la situación, irrumpieron de manera urgente, el Secretario General de ATE Misiones, César Fariña, junto al Secretario de Organización Ismael Benítez, quienes tomaron contacto directo con los vecinos y se solidarizaron en nombre del sindicato.
También acudieron referentes de la Corriente Clasista y Combativa.
César Fariña relató que “lo que pasó esta mañana fue grave por varias razones. Primeramente porque ante un caso donde hay familias con niños, ocupando un espacio y simplemente pidiendo un lugar para vivir, es decir reclamando un derecho básico, la respuesta del Estado y la Justicia es enviarles la fuerza policial para dejarlos en la calle. Por otro lado, que agredan a un diputado provincial sin tener el menor respeto, habla de la bajísima calidad democrática que observamos a diario en la provincia. Vinimos a entregar nuestra solidaridad y repudiamos este atropello. Todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna, a un lugar donde vivir”.
Nicolás Acosta es referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y delegado de ATE. Fue otra de las personas agredidas en el intento de desalojo que pudo frustrarse: “Otra orden de desalojo en otro barrio donde vive gente que de otra manera estaría en situación de calle.En este caso se trata de las familias que viven en esta zona del barrio Horacio Quiroga y que están siendo relevadas y algunas ya cuentan con el certificado que entrega Nación, a través de Anses, de ReNaBaP (Relevamiento de Barrios Populares). Solicitamos se inicie una mesa de diálogo para evitar el desalojo”.
Graciela de Melo, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) señaló que “La CCC repudia enérgicamente el accionar del gobierno en complicidad con las fuerzas policiales, que en lugar de buscar soluciones para los miles de misioneros que no acceden a una vivienda digna, aplica la represión, es vergonzoso”.
Neusa Martins, de 49 años, viuda, es una de las mujeres que se construyó una precaria casilla en el lugar para tener un techo donde morar, ya que se encontraba en una situación habitacional extrema. “Llegué con mis hijas y me hice la casita porque de otro modo nos quedaríamos en la calle. Estamos dispuestos a pagar aunque sea de a poco, porque lo que pedimos es vivienda digna. Si me sacan de acá estamos sin nada” reflejó, retratando de algún modo la situación general de los vecinos que se encuentran en el lugar.
Otro vecino, Gabriel Suárez, remarcó que “nos acusan de usurpadores, pero lo único que queremos es un lugar donde vivir y criar a nuestros hijos porque no tenemos donde vivir. No queremos desalojo, queremos soluciones