En el marco de los festejos por día Nacional del Trabajador Ladrillero, se realizó ayer en Campo Viera un  Encuentro Provincial de Productores Oleros, organizado por el Ministerio de Industria de la Provincia.

El encuentro tuvo como objetivo trabajar con los productores los puntos a tener en cuenta en la Reglamentación de la Ley Provincial de Fomento de la actividad Olera, Ley VIII N°73, sancionada el 22 de junio de este año.

Desde el Sindicato Ladrillero se viene trabajando puntos de la Ley para la reglamentación, los cuales fueron presentados en la reunión. En principio, expresa que se establezca explícitamente que el 30% de los ladrillos utilizados en la obra pública (planes de viviendas, escuelas, hospitales, edificios del estado e infraestructura en general) sea adquirido a los oleros particulares y cooperativas de la provincia de Misiones, siempre y cuando estén registrados/as.

Así también, demandan que se debe especificar en el registro un orden de prioridades para las distintas categorías de los productores. Donde se prioricen las acciones y las políticas que devengan de la Ley para fomentar el desarrollo de los pequeños productores, en relación a la cantidad de facturación y las condiciones en que desarrollen sus actividades productivas.

“Debemos entender que no todos los oleros y las oleras trabajan en las misma condiciones, cuentan con los mismos recursos y tienen la misma capacidad de producción. En este sentido, la ley debe contemplar los casos particulares y fortalecer la equidad en el sector”, expresó Eugenio Cantero, delegado del sindicato en la provincia de Misiones.

Con respecto a los polos ladrilleros que promueve la Ley, desde Ladrilleros, exigen establecer metas de concreción de estos polos. Como explicitar la cantidad de polos ladrilleros a crearse a partir de la Ley, lugares donde se instalarán, establecer las condiciones para desarrollarlos y los requerimientos formales.

Uno de los puntas cardinales a trabajar en la reglamentación es definir las fuentes y canales de financiamiento de cada uno de los Objetivos de la Ley, ya que “el fomento de la actividad olera requiere de recursos económicos para desarrollar las políticas públicas necesarias para el sector”, destacó el delegado.