En una entrevista concedida a FM Alto Uruguay, la Diputada Provincial Analía Labandoczka compartió su postura tras la aprobación de la “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos” en la sesión de este jueves en la legislatura. La nueva ley, que tendrá sede en Posadas y competencia en toda la provincia, obtuvo 27 votos a favor y 11 en contra.

Labandoczka aclaró que su bloque no se opone a la existencia de especialistas que investiguen a los ciber delincuentes, señalando el aumento de delitos digitales como estafas, trata de personas, pedofilia y pornografía infantil. Sin embargo, enfatizó que no pueden avalar el proyecto en su forma actual, ya que considera que varios de sus artículos son peligrosos y atacan principios constitucionales, como la libertad de expresión y la privacidad.

“Nosotros no estamos en contra del fin noble de crear una Fiscalía especializada, pero no podemos aceptar la entrega de facultades ilimitadas al fiscal, que son propias del juez”, sostuvo Labandoczka. Hizo hincapié en que el Código Procesal de la provincia establece que para realizar allanamientos o secuestros se necesita una orden judicial fundamentada, algo que, según ella, se ve amenazado por los artículos 5 y 6 de la nueva ley.

La diputada planteó preocupaciones sobre quién determinará qué constituye una «sospecha fundada» y quién se encargará de identificar las noticias falsas en el ámbito digital. “Este proyecto, tal como fue aprobado, es muy peligroso. No podemos ser parte de ello”, afirmó.

A pesar de la aprobación de la ley, Labandoczka aseguró que su bloque buscará recurrir a la vía judicial para presentar la inconstitucionalidad de ciertos artículos y anticipó que habrá numerosos planteos de nulidad en caso de que surjan denuncias o investigaciones problemáticas.

La diputada reconoció la necesidad de contar con una fiscalía que proteja a la sociedad de delitos digitales, especialmente considerando el aumento de denuncias por estafas y otros crímenes que afectan a grupos vulnerables como niños y adultos mayores. Sin embargo, reafirmó la importancia de establecer límites claros para evitar abusos de poder.

“Es fundamental que este órgano actúe bajo una estricta dependencia a la Constitución Nacional y a las leyes. Debemos garantizar que los derechos de todas las personas sean protegidos en un país democrático”, concluyó Labandoczka.