En una decisión histórica y sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos sancionó esta semana a Alexandre de Moraes, ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, aplicando la Ley Global Magnitsky, una legislación que apunta a funcionarios extranjeros involucrados en graves violaciones de derechos humanos o corrupción.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, implica el congelamiento de activos y cuentas bancarias de Moraes en todos los países con vínculos financieros con EE. UU., así como la prohibición formal de entrada a territorio estadounidense. Además, su familia ya había visto revocadas sus visas el pasado 18 de julio, en medio de acusaciones de censura, persecución política y violaciones a derechos fundamentales durante su gestión de causas sensibles, como las investigaciones por desinformación, el intento de golpe atribuido a Jair Bolsonaro y las protestas del 8 de enero.
Entre los hechos que motivaron la sanción se encuentran decisiones controvertidas como el bloqueo de plataformas como Rumble y X (Twitter) en Brasil, la suspensión de cuentas de influencers y políticos opositores, y una crisis diplomática con Elon Musk tras la amenaza de prisión a su representante legal en el país.
Para Estados Unidos, estas acciones constituyen un “uso abusivo del poder judicial” y una extralimitación que afectó la libertad de expresión y dañó la institucionalidad democrática.
La sanción llega en un contexto de creciente acercamiento entre aliados de Bolsonaro y la administración de Donald Trump. De hecho, Trump declaró que Moraes “violó la Constitución brasileña al silenciar opositores” y lo calificó como una amenaza para la democracia.
Con esta resolución, Moraes pasa a integrar la lista internacional de funcionarios sancionados bajo la Ley Magnitsky, una herramienta que EE. UU. suele aplicar contra líderes de regímenes autoritarios acusados de vulnerar derechos humanos y debilitar el Estado de derecho
