Misiones – En una acción judicial que busca poner freno a lo que consideran un accionar inconstitucional del Gobierno Nacional, el Partido Agrario y Social (PAyS) presentó este viernes una medida autosatisfactiva ante el Juzgado Federal de Oberá. La iniciativa, encabezada por el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro y un grupo de legisladores y dirigentes provinciales, denuncia las condiciones en las que se están llevando a cabo las auditorías sobre pensiones no contributivas por discapacidad.
El reclamo apunta directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo responsable de las auditorías iniciadas en marzo. Según la presentación judicial, el proceso está plagado de irregularidades que vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales.
“Lo que está haciendo el gobierno nacional con chicos con discapacidad es una aberración”, dijo Bárbaro al salir del juzgado. “No estamos en contra de revisar los casos, pero lo que están haciendo es maltrato. No puede ser que la gente tenga que viajar kilómetros sin recursos, sin información, y que los expongan de esta forma”.
El contexto: auditorías y desconcierto
Desde marzo de este año, el Gobierno Nacional implementó un operativo de revisión de pensiones por invalidez, argumentando la necesidad de evitar fraudes y actualizar el padrón. En la provincia de Misiones, unas 80.000 personas están siendo auditadas. Sin embargo, según denuncia el PAyS, el proceso carece de garantías mínimas: notificaciones que no llegan, centros de revisión distantes y listados de beneficiarios difundidos públicamente, en clara violación de la privacidad.
El caso que desató mayor indignación ocurrió el 6 de mayo en San Vicente. Más de 500 personas de El Soberbio debieron trasladarse más de 50 kilómetros para ser auditadas, muchas sin notificación formal. Se registraron largas esperas bajo el sol, sin baños ni agua, con personas en situación de extrema vulnerabilidad.
“No hay conectividad en muchas zonas rurales, la gente no tiene cómo justificar su ausencia ni cómo obtener la información que se exige. Esto no es un control, es un mecanismo de exclusión”, sostuvo el diputado Cristian Castro, uno de los firmantes del pedido judicial.
Los pedidos concretos
El recurso judicial presentado solicita la suspensión inmediata del operativo de auditoría en Misiones hasta que se reformule con criterios de equidad y respeto. Entre los puntos exigidos, se destacan:
La exclusión del operativo de quienes ya poseen Certificado Único de Discapacidad o fueron auditados en 2017.
La prohibición de publicación de listados en medios de comunicación o redes sociales.
El envío de notificaciones fehacientes y adaptadas a las realidades geográficas de la provincia.
La implementación de operativos médicos móviles y provisión de transporte para personas en zonas alejadas.
La apertura de canales presenciales de atención y documentación, sin depender de internet.
Un reclamo con tono político
La denuncia también tiene una lectura política. El PAyS fue el único espacio en Misiones que presentó una acción judicial de este tipo. La agrupación viene posicionándose como defensora de sectores históricamente marginados, como los productores de yerba mate o pequeños agricultores.
“Así como estuvimos con los yerbateros cuando el Estado los dejó solos, ahora estamos con las personas con discapacidad. No vamos a permitir que los maltraten”, remarcó Bárbaro.
Entre los firmantes de la presentación estuvieron los diputados Blanca Ester Álvez y Cristian Gabriel Castro, junto a dirigentes locales como Elvani Goring, Isaac Lenguaza, Cali Goring y concejales de distintas localidades del interior.
Una deuda de fondo
Más allá de las formas, el conflicto abre un debate de fondo: ¿cómo se controla y optimiza el sistema de pensiones sin vulnerar derechos ni generar mayor exclusión? La necesidad de auditorías serias y transparentes no está en discusión, pero el caso Misiones revela que la forma importa tanto como el fondo. Y que, cuando se trata de personas con discapacidad, la sensibilidad, la inclusión y el respeto deben ser normas y no excepciones.
