Durante la jornada de hoy (12 de junio) se completa con la entrega de la última partida de 51 boletos de compraventa, el total de 198 familias que previó en el relevamiento el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) al ocuparse de la regularización dominial de este asentamiento, que vivía -hasta está intervención del Instituto- en forma irregular en la Chacra 252 (Avenida Ituzaingó y Costanera) de Posadas.
Las firmas y entregas de las documentaciones se concretaron en tres etapas. Los vecinos beneficiarios concurrieron al Salón de Usos Múltiples (SUM). Un grupo en diciembre pasado, el segundo, en febrero del corriente, y en la fecha actual se culmina el procedimiento. Con esta normalización se logra mejorar la calidad de vida de cada uno de los ocupantes de esas tierras, ya que les permitirá apoderar y empoderarse para impulsar acciones beneficiosas para el bien común de la comunidad, contando con la garantía del suelo, lo que les facilita también poder acceder a beneficios del estado para mejorar sus viviendas, así como también a créditos bancarios y otros.
Proceso
Luego de muchos años de conflictos, luchas, idas y vueltas (denuncias, intervenciones judiciales, cortes de calles, incertidumbre, etc) llegó la resolución para las 198 familias asentadas al momento del relevamiento, en la Chacra 252 de la ciudad de Posadas, zona ubicada entre las Avenidas Vivanco, Bustamante y Andresito, donde alrededor del 50 por ciento de la chacra era propiedad privada de la Sra. Marina Noziglia, quien al no ocuparla, se vio afectada por el asentamiento irregular de estas familias que se encuentran en el lugar con distinta antigüedad, los primeros se instalaron allá hace más de 20 años.
La intervención del IPRODHA tuvo varias facetas, una de las que abrió las puertas al acuerdo fue el fomentar el diálogo entre la propietaria y los ocupantes. Luego de reiterados encuentros y charlas con Marina Noziglia, llegaron a un arreglo de compra de la propiedad. Una nueva modalidad de solución conjunta que potencia el Instituto con la participación activa de los actores involucrados en el proceso de solución.
Historial
El conflicto de larga data tenía por un lado a los vecinos requiriendo una solución para su ocupación irregular y por el otro, a la dueña tratando de recuperar sus tierras judicializando la cuestión. Tras la intervención de distintos organismos del Estado (Municipalidad, Concejo Deliberante, Cámara de Representantes, el IPRODHA y otros organismos), a través de la instancia de mediación, se acordó entre la dueña y los ocupantes fijar un precio por el terreno. Dicho valor fue fijado en $ 36.000 pagadero en 36 meses directamente a la titular del inmueble, siendo su obligación al finalizar el pago la firma de la escritura traslativa a cada uno de los ocupantes involucrados en el convenio.
En este marco, el IPRODHA, se prestó a los fines de contratar agrimensores para realizar y aprobar los planos correspondientes a la mensura y también asumió la responsabilidad de cubrir los costos de las escrituras a cada una de las familias. Para hacerlo posible dispuso de una inversión de $ 1.386.000, la cual es de carácter NO REINTEGRABLE para las familias