Macri los recibirá en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
«Creemos que hay un compromiso de todos los gobernadores para avanzar en la reforma tributaria, la rebaja de impuestos provinciales distorsivos y bajar el gasto de las provincias mediante la ley de responsabilidad fiscal», confió a LA NACION un alto funcionario.
De todos modos, la Casa Rosada sabe que habrá discusiones puntuales por los impuestos que se irán negociando y se buscarán acuerdos: los puntos más conflictivos son el aumento de los impuestos internos al vino (0 a 10%), a las gaseosas con azúcar (8 a 17%) y la rebaja de los gravámenes a la tecnología (17 a 0%) que les quita competitividad a las ensambladoras de Tierra del Fuego.
Podrá haber reducciones de alícuotas o mecanismos de gradualismo en la aplicación de ellas.

Esas medidas afectan a las provincias vitivinícolas (Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta), azucareras (Tucumán y Jujuy) y de producción de tecnología (Tierra del Fuego). El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, estuvo ayer en la Casa Rosada con los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Sergio Uñac (ver aparte). Las diferencias subsisten.
Cabrera y Dujovne recibieron anteayer a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y anteayer ambos se reunieron con la Unión Industrial Argentina (UIA), que incluye a la industria alimentaria, para superar discrepancias.
El mensaje es conciliador: empresas y provincias deben hacer sus números, sopesar los beneficios impositivos de la reforma (reducción de ganancias, IVA y aportes patronales) con los negativos. Y buscar propuestas superadoras. Dujovne estuvo con varios gobernadores y observó una sintonía general.
Otro capítulo es la rebaja de impuestos provinciales. Tal como informó LA NACION la semana última, el Gobierno busca que las provincias rebajen Ingresos Brutos, sellos y aduanas internas en un 1,5 a 2% del PBI hasta 2023. Implicaría bajar la presión tributaria $ 150.000 o $ 200.000 millones en cinco años.
El Gobierno rebajó impuestos en 2% del PBI entre 2016 y 2017 y la reforma tributaria sumará 1,5% más.
El tercer desafío es bajar el gasto público de las provincias. La ley de responsabilidad fiscal, acordada por 22 jurisdicciones (no firmaron La Pampa ni San Luis) compromete a las provincias a mantener constante el gasto real. No puede aumentar más que la inflación.
Las provincias se obligan a no aumentar cargos públicos, a crear fondos anticíclicos y a fijar pautas para restringir el gasto durante los últimos seis meses de cada gestión. (La Nacion)