En el Boletín Oficial de hoy hay cuatro decretos con los que el Gobierno espera iniciar una sucesión de medidas que modificarán sustancialmente la burocracia estatal y le permitirán ahorrar al sector privado (tanto ciudadanos como empresas) al menos $ 90.000 millones en dos años -es el equivalente al 1% del producto bruto- que actualmente se destinan a hacer trámites. Al menos así lo estimaron los ministros Andrés Ibarra (Modernización), Francisco Cabrera (Producción) y el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que ayer presentaron el plan a la prensa.
Las iniciativas, que forman parte de lo que el presidente Mauricio Macri denominó como reformismo permanente, están enmarcadas en el Plan de Simplificación y Desburocratización del Estado, la apuesta de la Casa Rosada para modernizar la relación de las personas y las empresas con el Estado.
«La intención es que esos fondos dejen de destinarse a la burocracia y se conviertan en recursos [disponibles para el sector privado]», resumió Cabrera.
El paquete de medidas incluirá, por caso, disposiciones que les impidan a los organismos del Estado crear nuevos trámites y obligaciones para las empresas que eventualmente les hagan perder competitividad, sin antes pasar por la aprobación de Producción.
Los decretos serán el norte de la reformas, pero luego deberán tomar esa inspiración los ministerios y otras dependencias del Estado. Clusellas los invitó a «revisar el stockregulatorio de cada dependencia».
«En el Estado que queremos no hay filas ni demoras, no hay idas y venidas con papeles. Vamos hacia un modelo donde todos los trámites sean 100% online y el Estado esté al servicio de la gente», sostuvo Ibarra. «Hoy, con los 634 trámites a distancia, los argentinos se ahorran costos, traslados y, lo más importante, tiempo y esfuerzo. Un trámite que se inicia online tarda 50% menos que aquellos realizados en forma presencial», explicó.
Entre las medidas que apuntan a disminuir los trámites de los ciudadanos se destaca la creación de la firma digital, que facilitará el trámite electrónico con el Estado y que también permitirá eliminar certificaciones en papel.
En el caso de las empresas, se eliminará la obligación de firmar por un escribano los libros societarios, que podrán ser digitales, como también el dictamen profesional para la inscripción de sociedades.
Los decretos también modificarán la ley de procedimiento administrativo de la Nación, que incluirá las nuevas tecnologías. Eso promoverá, según los funcionarios, el uso masivo de la firma digital, la proliferación del expediente electrónico y la «despapelización» en sus dependencias y jurisdicciones. En términos prácticos, implicará una reducción del tiempo que demora hacer un trámite, con el consecuente ahorro de recursos. Paulatinamente, todos los expedientes administrativos en sedes federales tramitarán por el Sistema de Gestión Documental Electrónico y la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Quizás una de las medidas más llamativas que incluirá el paquete de reformas es la creación de la identidad digital, que incluso podría obtenerse cuando se saca el documento. Eso permitirá hacer trámites con una autenticación biométrica (la huella digital) y facial a través del teléfono celular. (fuente Nacion)