La denuncia penal presentada por la abogada sanvicentina Micaela Gacek contra diputadas del PAyS por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito escaló a la agenda nacional tras ser eje de un informe en Telenueve Denuncia, conducido por Tomás Méndez en Canal Nueve. La investigación televisiva expuso cómo dirigentes y allegados al partido de Héctor “Cacho” Bárbaro habrían accedido a pensiones por discapacidad de manera irregular, utilizando recursos estatales que deberían estar destinados a quienes realmente lo necesitan.

Durante la emisión, Méndez señaló que la diputada electa Elisa Goring había sido beneficiaria de una pensión por discapacidad y cuestionó: “La señora va a asumir una banca de diputados, es esposa del intendente, y además tiene una hija que también tiene una pensión. Ya en un ratito vas a ver cómo ella camina libremente por la calle”. Otro panelista sumó: “Si está cobrando una pensión que no le corresponde, claramente estamos ante una defraudación al Estado”. En sintonía, la denuncia impulsada por Gacek sostiene que se trata de un uso indebido de recursos públicos que deberían estar destinados a quienes sí cumplen los requisitos.

 

El informe televisivo también exhibió la situación de la actual diputada Blanca Alvez, quien había declarado problemas de salud como “dolores en los huesos” o “pérdida de memoria”. Sin embargo, las imágenes la mostraron activa en actos políticos, lo que puso en duda la supuesta invalidez. Méndez ironizó: “¿Una hernia de hiato que justifica una pensión? Esto no cierra”. En paralelo, la presentación judicial de Gacek destaca que tanto Alvez como Goring aparecen como beneficiarias, reforzando la sospecha de un patrón irregular en el otorgamiento de esos beneficios.

 

Uno de los puntos más polémicos se centró en que Elisa Goring renunció a su pensión en marzo de este año, justo antes de asumir su banca en la Legislatura. Para el programa, esa decisión evidencia que no existía una discapacidad permanente como exige la ley. Méndez fue contundente: “Tiene que ir presa, porque son delincuentes”. En su denuncia, Gacek no solo pidió la intervención de la Justicia Federal de Oberá, sino también del Concejo Deliberante de Colonia Aurora, exigiendo explicaciones al intendente sobre cómo sus allegados accedieron a pensiones.

 

El caso no se limita a las dos diputadas: según el informe, más de 60 personas vinculadas al PAyS, entre ellas candidatos y suplentes en las listas de 2023 y 2025, habrían recibido pensiones irregulares. “Si vos te hacés afiliado, para mí te daban una pensión. Mirá esta planilla, 90% cobra pensiones”, señaló Méndez al mostrar documentos partidarios. La denuncia judicial de Gacek coincide con esa hipótesis al advertir que se habría montado un esquema clientelar donde las pensiones funcionaban como herramienta de fidelización política.

 

Finalmente, Méndez cerró la investigación con una frase que expuso la magnitud del caso: “No me conformo con que no sean diputados. Me parece que acá la pena les debería caer. ¿Hay pena de prisión en esto? Sí. Y debería haber inhabilitación para ejercer cargos públicos”. En paralelo, la abogada Gacek reafirmó que su presentación no tiene motivaciones personales ni políticas, sino que responde al deber de garantizar transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos. El escándalo ya trascendió los límites de Misiones y se instaló en la agenda nacional.